Partiendo de la idea de que el derecho a la educación es un derecho subjetivo de contenido constitucional y no un servicio público; debido a que no reúne las características de un servicio de esta naturaleza. Podemos afirmar que TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA EDUCACIÓN tal como lo consagran los dispositivos que lo promueven.
Ahora parece ser tema de no tan actual comentario el hecho de que se haya querido promover que las facultades de derecho se cierren; a ello viene la presente, para ver no el ámbito legislativo sino más bien el ámbito de una crítica sana y mal sana a la vez (algo así como se podría llamar de “mixto”). Según la Asamblea Nacional de Rectores y también según el Congreso de la República se estima que hay aproximadamente 100 mil abogados en el territorio de nuestro país y aproximadamente 82 mil estudiantes dentro de los claustros universitarios, de esta forma Jorge Toyama hace una aproximación de que existe un abogado por cada 295 habitantes ( en la página web de semana economica.com - ¿Deben cerrarse las facultades de derecho?) como es obvio parece haber hecho un análisis algo apurado de esta realidad.
Remitiéndonos al artículo precitado, se señala de la misma forma que “estamos quizá ante la profesión que más desempleo y subempleo presenta hoy en el mercado de trabajo”. Lo cual parece ser certero hasta el momento, podemos por nuestra parte decir que no tenemos porque ser tan pesimistas en torno a nuestra realidad; no se trata de concentrarnos en nuestros puntos débiles sino fijarnos en nuestros puntos fuertes (algo así como lo que en el coaching se dice sobre el circulo de influencias) de esta manera dejaremos de ver con preocupación alarmante el hecho de que el Jorge Toyama tiene razón.
Al respecto también se han hecho análisis desde la perspectiva económica del derecho, como la realizada por Alfredo Bullard la cual resultar ser merecedora de ser copiada textualmente; pero dadas las circunstancias obviaremos ese formalismo necesario, es así que refiere que tal posición, me refiero a la del animo perverso de querer cerrar las facultades de derecho en las universidades del país, esta formulada en conceptos poco firmes lo que la hace un verdadero despropósito (de la misma manera su post es más una critica que una posición, debido a que trata de analizar los errores de otro post que trata del tema en cuestión).
Tras haber analizado esto se asoman varias ideas las cuales son fáciles de compartir, como podríamos tener por ejemplo: que si es que talvez se trate de un plan malévolo que quiera dotar de menos abogados al Perú, otra idea no tan simplista como la anterior podría ser que talvez se tenga la idea de que a menos abogados exista mayor posibilidad de que otros abogados tengan mejores y por lo tanto “más” posibilidades de algo, podría ser ese “algo”, quizás trabajo, quizás fortuna, quizás fama, quizás dinero. Porque si es que alguien se animaría a decir que se tendría más oportunidades u oportunidad para algún abogado nos olvidamos de la oportunidad que tendría cualquier ciudadano para querer estudiar en alguna facultad de derecho de cualquier universidad del país.
Si bien se haya cerrado o no el debate, sea o inconstitucional o no, bien ya hayan habido los pronunciamientos pertinentes; el hecho es que ya se planteo el tema y formularon proyectos y quedo para que se haga un comentario o algunos comentarios como ya vimos dentro de la presente opinión. Es cierto que el tema no queda solamente dentro del campo constitucional, ni mucho menos solo en el campo de los derechos humanos; el tema es que va más allá de todo eso (como es el mercado, la libre iniciativa privada, la empresa entre otros); siendo así si esta en nuestro destino que el Perú este plagado de abogados que así sea, ya veremos en el camino como resolverlo algo se nos ocurrirá, algo menos descabellado o algo más inteligente.
* PUBLICADO EN EL DIARIO "LOS ANDES" EN FECHA JUEVES 05 DE AGOSTO DEL 2010.
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